LEY 10078

  • LO QUE HAY QUE SABER EN RELACIÓN A LA REFORMA A LA LEY 8024 DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

    Una vez más, el Poder Ejecutivo Provincial con total impunidad y en un acto totalmente antidemocrático, ha violado los principios fundamentales del sistema previsional provincial, siguiendo un perfecto plan orquestado y planificado a través del Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba Nº 83  firmado por el actual Gobernador el 13 de Diciembre del año 2002 y que fuera ratificado por ley Provincial Nº 9075 del 30 de Diciembre del mismo año.

    Recordemos rápidamente que dice el Art. 1º de dicho Convenio: “La PROVINCIA se compromete a armonizar en materia de jubilaciones y pensiones a partir del 1 de enero del 2003. Dicha armonización se realizará en función de las leyes nacionales vigentes en materia de previsión social o de las disposiciones que el futuro las sustituyan…”.

    Es decir éste Gobernador al firmar el Convenio, hace ya casi diez largos años, decretó la muerte del sistema previsional provincial que si bien presentaba problemas financieros, podían enfrentarse tomando medidas correspondientes a un buen administrador en base a los principios de la seguridad social que garantizara jubilaciones y pensiones dignas del sector público.

    Pero ello no pasó, no porque no contara con los recursos técnicos necesarios, idóneos, colegios de profesionales, gremios que lo asesoraran y aportaran soluciones con el objeto de garantizar los derechos de los pasivos, sino  simplemente porque no le interesaba ni nunca le interesó dicho sector, pero sí implementó medidas que garantizaron una “armonización” perfecta con el régimen previsional nacional que pulverizó de a poco el derecho a una vida digna de los trabajadores jubilados y pensionados, ya que se funda en leyes basadas en políticas de mercado y no en principios de la seguridad social.

    Sigue vigente la 8024 pero modificada por

    De la Sota-Schiaretti  en contra de los jubilados

    En menos de diez años, se dictaron leyes tales como la Nº 8836, Nº 9017, Nº 9045, Nº 9075, Nº 9504, Nº 9722, Nº 9884, el Decreto Nº 40/09 T.O. Ley 8024, el Decreto Nº 41/2009 reglamentario de la Ley 8024 y un sin número de “instructivos” internos del INTERVENTOR Giordano que progresivamente fueron aniquilando los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados.

    Se armonizó entre otras cuestiones: la edad; el tipo de beneficios; se creó el Fondo Complementario que significaba el 7% de nuestro sueldo y que no se sabe donde fue y cómo desapareció; se estableció que las prestaciones serán móviles en relación con las “variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”, con lo que  desaparece toda referencia a la equivalencia del cargo y aparecen los INDICES fijados por la autoridad de aplicación ( Secretaría de Previsión Social dependiente del Poder Ejecutivo Provincial); el haber de las Prestaciones se calcula sobre el promedio de las últimas 48 remuneraciones mensuales sujetas a aportes efectuadas a la Caja, actualizadas según índice de movilidad sectorial y no sobre el cargo; el haber de la jubilación se bonifica en un 1% de la remuneración considerada por cada un año y medio (1 ½) de servicio efectivos con aportes en la Caja que supere  los 30 años, con un tope máximo del 88 % de los 48 últimos meses, el excedente superior a 39 años de aportes no será considerado a los fines del reajuste del haber,  lo cual configura una clara retención indebida por parte de la Caja.

    De la Sota con  presión sobre la Legislatura con la 10078

    Pero todas estas reformas, no fueron suficientes para el Sr. Gobernador y menos para el interventor y nefasto Administrador  Lic. Giordano, quien se encargó de denunciar permanentemente que el régimen de la Caja es deficitario “porque las jubilaciones y pensiones provinciales son las más altas del país”, especialmente las de los trabajadores de EPEC, en base a cuadros estadísticos que nadie entiende ni se sabe quien los confecciona, pero sin poder esconder que su gestión lejos de ser austera y acorde al estado financiero del Organismo, es una de las   más caras que ha comprometido el presupuesto del mismo, debido a costosas contrataciones de servicios, viajes, alquileres y hasta préstamos de inmuebles.

    Es así, que el 8 de Agosto en una demostración de poder y despotismo absoluto, la legislatura o escribanía del Sr. Gobernador sanciona la Ley 10078, mal llamada “Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

    Esta ley es una mentira más de este Gobierno que avanza sobre los derechos constitucionales del trabajador activo y por supuesto de los jubilados y pensionados del sector público.

    El art. 1º y 2º se refiere a la motivación y garantías de la norma, en base a la sustentabilidad financiera, a la justicia social,  a la irreductibilidad de los haberes de los beneficiarios del sistema y a la mantención del mecanismos de cálculo según el art. 46 de la ley 8024.

    El art.3º modifica el art. 7º de la Ley 8024 que reglamenta la facultad del Poder Ejecutivo para modificar contribuciones  y aporte y en su parte pertinente establece que en el caso que se disminuyera el aporte personal, este porcentaje se imputará a cuenta de futuros aumentos de salarios. Se trata de una norma confusa, ambigua y por cierto contraria a los derechos de los trabajadores que legaliza la facultad del Poder Ejecutivo de reducir los haberes jubilatorios en virtud de la reducción de los aportes personales. Es evidente su inconstitucionalidad violatorio del art. 57 y conc. de la Constitución Provincial.

    El art. 4º, vuelve a modificar el art. 51 de la Ley 8024 referido a la Movilidad de las prestaciones al disponer no solo que la misma es en relación a las variaciones del nivel sectorial del personal en actividad sino que el reajuste de los haberes se realizará a los 180 días computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial. Si bien ésta norma “armoniza” perfectamente con el régimen nacional, es a todas luces inconstitucional violatoria del Art. 14 bis y 16  de la C.N. y art. 57 de la C.P. ya que fulmina el concepto de movilidad desconociendo arbitrariamente lo declarado en los art. 1º y 2º de ésta misma ley y también la naturaleza misma del haber que al ser de carácter alimentario, es de cumplimiento inmediato.

    El art. 5º, contradictoriamente a los fundamentos de la Ley 10078, crea un “Complemento Previsional Solidario”, que garantiza un haber previsional no menor a $ 2.500, pero excluye a quienes fuesen titulares de otra prestación previsional y a los que perciban ingresos como cuentapropistas. No se entiende como será el haber mínimo en estas dos situaciones y cual será la base de cálculo a implementar, lo cual crea una situación de desigualdad con el resto de beneficiarios que también es violatoria de derechos constitucionales.

    El art. 6 dispone el Financiamiento del régimen especial estableciendo que los  “desequilibrios” que genere el régimen especial para el personal policial y penitenciario no pueden ser cubiertos con los aportes y contribuciones del resto de los afiliados del sistema. Es decir, es mentira que se desafecto del régimen previsional provincial a policías y penitenciarios, solo se establece confusa y ambiguamente que los “desequilibrios” no pueden ser absorbidos por el régimen general, pero no específica quien se hará cargo de esos “desequilibrios”, cuales serían esos “desequilibrios”, en definitiva el personal policial y penitenciario sigue en la orbita de la Caja, lo cual está muy lejos de la propuesta de los gremios.

    Esa es toda la ley, que claramente significa una nueva violación a las garantías de los trabajadores activos y pasivos comprometiendo su futuro previsional y el derecho a una vida digna en base a los aportes y contribuciones realizados durante toda su vida laboral.

    Nuestra Caja   intervenida contra lo que establece la Constitución

    En esta línea de razonamiento, es necesario recordar el art. 55 de la C.P. que dispone: los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por sus administrados con participación del Estado.- Este derecho constitucional, respaldado por el art. 14 bis de la C.N. de participar en la administración de la Caja ha sido violado a partir de las sucesivas intervenciones del Poder Ejecutivo que solo han demostrado ser un mal administrador, comprometiendo seriamente con su accionar deficiente y oscuro, el futuro del trabajador activo y pasivo y lo que es más grave aún, que se ha oficializado la Intervención al declarar autoridad de aplicación de esta ley a la Secretaría de Previsión Social o sea al Poder Ejecutivo Provincial¡¡¡¡.

    La Ley 10078, no solo es violatorio del principio de irreductibilidad de las prestaciones (art. 57 C.P), lo que significa que el haber previsional no puede ser disminuido por acto de gobierno ya que existe un derecho adquirido, sino que desde el punto de vista práctico, el Ejecutivo no demuestra que ésta sea una solución al problema, por el contrario al ser violatorio de garantías constitucionales, dicha medida AGRAVA la situación financiera de la Caja por ser generadoras de litigios judiciales cuyos fallos aumentarán el pasivo del Organismo y no el activo, basta ver la jurisprudencia al respecto.

    Intervenida para empeorar

    Medidas como éstas, cargadas de irresponsabilidad funcional y total desprecio a los principios de la seguridad social y al mantenimiento de la Caja en la Provincia, deben ser respondidas directamente por los funcionarios que la generan por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.-

    Estas reformas no garantizan ninguna solución sustentable en el tiempo, toda vez que mantienen regimenes deficitarios tales como el policial- penitenciario y solo aseguran el camino a la armonización completa del régimen provincial al nacional,  haciendo parecer en base a mentiras y ocultamientos que la Provincia es víctima del sistema nacional cuando la realidad es que los grandes desmanejos de la administración de la Caja es responsabilidad exclusiva de su Intervención a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, por tanto debe ser derogada.

    La crisis del sistema previsional provincial no es nueva y no se soluciona con medidas peligrosamente irresponsables fruto de la improvisación y desconocimiento que coloca en grave riesgo la continuidad de la Caja, sino que requiere un estudio profundo de todos los sectores involucrados que tire por tierra la Intervención nefasta del Poder Ejecutivo y de paso a la Normalización de la Caja.

    Activos y jubilados, según el mandato de Agustín Tosco

    Compañeros, recordemos las palabras de AGUSTIN TOSCO cuando dijo: “La lucha de la clase trabajadora, de los activos y de los pasivos, es una sola y persigue un común objetivo: la redención social del ser humano. En esa tarea estamos todos. Sin diferencia de ningún tipo.. Estamos todos los que hemos comprendido que el trabajo de ayer y el trabajo de hoy ha creado bienes de los que tenemos derecho a disfrutar y no solo a mirar por la vidriera como la usufructúan los que poco o nada hicieron para existiera.”(Agustín tosco desde la Cárcel de Villa Devoto, 3 de julio de 1971).

    Tomemos las palabras de nuestro líder como un mandato: la redención social del ser humano a través de la unidad en la acción, permanente y comprometida para que cese la ilegitima intervención de la Caja  y vuelva a ser administrada por los representantes de los trabajadores activos y pasivos y de este modo evitar el dictado de leyes que por su inconstitucionalidad deben ser derogadas ya que solo promueven la  entrega (mal llamada armonización) de nuestra Caja, como  claramente pretende el Sr. Gobernador.

    Nuestra lucha

    En definitiva, nuestra lucha comprometida y continuada debe tener como  objetivo defender los derechos  establecidos en la Constitución Nacional (CN) y en la Constitución Provincial (CP):

    Jubilaciones y Pensiones móviles (art.14 bis CN.).

    Afectación específica de los recursos (art.57 C.P).

    Irreductibilidad y proporcionalidad  de las prestaciones (art. 57C.P.)

    Uniformidad y equidad del sistema (art.57 C.P.)

    Daniel Tapia                                    Alberto Jara

    Subsecretario de Previsión Social       Secretario de Previsión Social

    1 comentario

    1. greg says:

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